Aprueban 25 años de cárcel en el Edomex por robo de motocicletas y de 10 años por robo a negocio


•Prevé cinco años más de cárcel para quien desmantele una o más motocicletas robadas o trafique las partes que las conforman

Aprueban 25 años de cárcel en el Edomex por robo de motocicletas y de 10 años por robo a negocio
Marzo 19, 2020 16:53 hrs.
Justicia Estados › México Estado de México
Redacción › AquiEdomex

TOLUCA, Méx.- 19 marzo 2020. La 60 Legislatura aprobó por unanimidad imponer una pena de hasta 25 años de prisión al robo de motocicletas,

Conforme a la iniciativa por la que se tipifica este delito en el Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Rosa María Zetina González, en nombre del Grupo Parlamentario de morena.

De acuerdo con el dictamen a la propuesta, al que dio lectura la propia legisladora Rosa María Zetina, las sanciones, que van de los 12 hasta los 20 años de prisión, prevén cinco años más de cárcel para quien desmantele una o más motocicletas robadas, trafique las partes que las conforman o con uno o más de este tipo de vehículos robados; detente, posea, custodie, altere o modifique la documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación originales; traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, o los utilice en la comisión de otros delitos.

El texto referido explica que este delito presenta en el país un marcado incremento y que se trata de los vehículos de motor asegurados más robados en México y la entidad, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Agrega que de cada 10 motocicletas que circulan en el Estado de México, seis lo hacen en Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad, Naucalpan, Chalco, Texcoco, Tultitlán, Tlalnepantla y Chicoloapan.

Precisa que ’la iniciativa de decreto atiende un reclamo ciudadano y los representantes populares compartimos el propósito de sus autores de actualizar los ordenamientos jurídicos estatales a efecto de garantizar el derecho a la seguridad de las y los habitantes del Estado de México; en el caso que nos ocupa, mediante las adecuaciones indicadas en los artículos 290 y 292 del Código Penal de la entidad’.

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