Cuando Yucatán dejó de ser seguro

’El secreto de la libertad radica en educar a las personas,
mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes’
Robespierre

El caso de José Eduardo Ravelo quien el pasado 21 de julio fue detenido por policías municipales en la ciudad de Mérida tras ser denunciado por dos hombres de haber arrojado un pedazo de concreto al interior de un local revela que, en el ’pacífico’ Yucatán, también hace aire de inseguridad e impunidad.
José Eduardo fue detenido y llevado a la comandancia municipal. Su madre denuncia que, en algún punto del trayecto fue golpeado y violado. Ya en la comandancia, el cuerpo inerte del joven veracruzano fue aventado como bulto en unas de las celdas. Nadie reparó en el estado de salud del joven; después murió en un hospital.
José Eduardo estuvo cuatro días en el área de cuidados intensivos, tras salir de la comandancia, pero debido a la seriedad de sus lesiones, se le presentó una falla orgánica y perdió la vida. María Ravelo, mamá del joven, narró que ’a su hijo le bajaron los pantalones" en el vehículo de la policía de Mérida tras ser detenido.
​Tras la muerte del joven, su mamá, después del funeral acudió a Palacio de Gobierno, con el ataúd que contenía el cuerpo de su hijo, para pedir al gobernador Mauricio Vila Dosal, ayuda y justicia por el asesinato de su hijo. Los policías involucrados en los hechos fueron detenidos, pero horas después por la decisión del juez primero de control, Rómulo Bonilla y con la intervención de un abogado de nombre David Dorantes fueron liberados.
El litigante David Dorantes tiene un historial obscuro. Fue denunciado penalmente, por Ligia Canto, la madre de Emma Gabriela Molina Canto quien fue asesinada por sicarios en su domicilio en el 2017. David Dorantes fue denunciado penalmente porque inicialmente había tomado el caso por las víctimas, Emma Gabriela y su mamá, sin embargo, después de obtener información del expediente y otros documentos, abandonó a sus defendidas para posteriormente servir a Martín Medina Sonda, presunto responsable de la muerte de Emma Gabriela, y quien hoy está preso por feminicidio.
En el caso de José Eduardo, la decisión del juez no resulta suficientemente clara, pero también hay dudas sobre el abogado que representa a los policías. ¿Quién pagó los honorarios de un abogado que aseguran en Mérida ’es inmensamente rico’?
Con el sueldo de un policía municipal: ¿Es posible obtener este tipo de defensa que opera en los subterfugios del ámbito judicial? Incluso este miércoles, el abogado Dorantes ofrece una conferencia de prensa en la CDMX con todos los gastos que el hecho conlleva.
El caso José Eduardo ha perforado a la ’pacífica Mérida’, y aunque en la oficina del gobernador Vila se asegura que no hay diferencias con el presidente municipal, Renán Barrera, quien apoyó la exoneración de los policías municipales, es un hecho que la investigación que ha abierto la Fiscalía General de la República por tortura en el caso del joven veracruzano, va a cimbrar los cimientos de la tranquilidad meridense, y se convierte en el primer obstáculo para el gobernador panista, Vila Dosal, quien entre sus proyectos está convertirse en el candidato del Pan a la presidencia en el 2024.
Justicia para José Eduardo.
De la libreta
° No cabe duda de que la honestidad valiente del presidente López Obrador no alcanza a todos los integrantes de su gobierno. Y es que en el gobierno de la 4T se han incrustado personajes con antecedentes cuestionables. Es el caso de Bernardo Fernández Sánchez, quien es directivo de Segalmex, pero además es socio del Grupo Empresarial Kosmos, sobre el que pesan investigaciones penales y hacendarias. Fernández Sánchez fue director corporativo de Kosmos entre 2016 y 2018, periodo en el obtuvo contratos millonarios por casi 4 mil millones de pesos para venderle alimentos al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hay más.
° Señalan a la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama, por no cubrir convenios de publicidad con medios de comunicación, y además tiene señalamientos por haber adjudicado de manera directa contratos por 55 millones de pesos cuando la Ley de Adquisiciones le obliga a licitar de forma pública.
° La presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán, tiene una bomba en sus manos. Personal administrativo y elementos de seguridad ciudadana del ayuntamiento, señalan que no han sido cubiertos sus salarios. Son alrededor de 3 mil trabajadores. El tesorero del ayuntamiento, Leopoldo Corona, reconoce que ’no hay dinero para pagarles’.