Emilio L. y la mafia del poder

’Quien se dedica a la política, establece un pacto táctico con los poderes satánicos que rodean a los poderosos’: Max Weber

Cuando el presidente López Obrador comenzó a utilizar el término de la mafia del poder, invocaba al grupo de opositores que fabricaron ’un operativo de Estado’ para impedir su llegada al poder presidencial en el 2006. En ese grupo hay personajes de todos los colores y filiaciones. Desde Carlos Salinas, pasando por Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón, incluidos personajes de la ’izquierda’ como Rosario Robles, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, quienes participaron con diferentes dosis para frenar el avance del tabasqueño. Sigiloso el primer mandatario, ha llevado de manera pausada, fiel a su estilo, la consigna de desarticular a ese grupo, a quienes llama también sus adversarios.

La detención en principio del abogado de Carlos Salinas, Juan Collado; de Rosario Robles y ahora de Emilio Lozoya, se suma a un grupo de personas cercanas al primero, pero también a Enrique Peña Nieto, quienes son investigados por corrupción. El 19 de febrero de este año, The Wall Street Journal, destacó que un funcionario de alto nivel de la 4T había revelado que en la investigación está incluido el ex gobernador del Estado de México, y subrayaba que la vinculación está asociada al caso Lozoya-Pemex-Odebrecht.
Cuando el presidente López Obrador informó que Emilio L. se había convertido en ’testigo colaborador’ aprovechando el ’criterio de oportunidad’, figuras jurídicas que permite la Ley Federal para la protección de personas que participan en un proceso penal que, fue aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón, el mandatario deja saber que, ha alcanzado un ’convenio de entendimiento’ y colaboración con el ex funcionario de Pemex, y actor fundamental en la campaña de Peña Nieto, para que ’en su momento’ denuncie los delitos cometidos por ’un aparato organizado de poder’ conformado por altas autoridades mexicanas constituidas con el objetivo de abusar de un ’poder legal y legítimo’, y con ello, causar daño patrimonial al erario público nacional.

La defensa del exdirector de Pemex encabezada por el doctor en Derecho, Miguel Ontiveros –quien por cierto, lleva el caso de Lozoya, por recomendación expresa del juez español, Baltazar Garzón- ha informado que su cliente puntualizará de forma ’muy clara y contundente, nombres, cargos y los métodos que utilizaron e instrumentaron’ los integrantes del aparato organizado de poder, para la comisión de los hechos de carácter delictivo vinculados con la planta de Agronitrogenados, el caso Odebrecht y con la aprobación de la reforma energética.

Es obvio que el objetivo central del juicio es desarticular a la ’mafia del poder’ construida desde el gobierno de Carlos Salinas. La asesoría legal de Lozoya aprovecha la Ley Federal de protección a personas que intervienen en un proceso penal, para garantizarle medidas de seguridad, protección, asistencia y custodia policial.

Lozoya a cambio de la protección del Estado e incluso la posibilidad de ser reubicado, va a delatar a todos aquellos que participaron en el saqueo del presupuesto público.

El marco legal internacional abre la posibilidad de un juicio más amplio cuando se refiere al ’aparato criminal organizado de poder’ que opera de forma legal, acciones de carácter ilegal. La legislación considera figuras como ’el hombre de atrás’ y ’maquinaria organizada’ que opera al margen del ordenamiento jurídico. En la lógica jurídica, se entiende que ’quien imparte la orden, domina el hecho’ y un ’burócrata actúa como andamio y solo ejecuta la acción encomendada’. Con esta narrativa jurídica, ha sido juzgado Alberto Fujimori, y ha sido recientemente detenido, el ex presidente colombiano, Alvaro Uribe.

La Constitución General de la República en su artículo 80 es muy clara y estipula que el Poder Ejecutivo reside en una sola persona por seis años: el presidente de la República. Hasta el momento, no hay fuero ni protección legal que impida a los expresidentes enfrentar un juicio de carácter penal. El caso Odebrecht ha derribado a presidentes y expresidentes en otras latitudes latinoamericanas. Hasta ahora, México ha sido la excepción.

Si alguien sigue creyendo que el caso Lozoya va a llegar hasta ahí, creo que se equivoca. El Presidente López Obrador está buscando a quien se la hizo, y también a quien se la pague. Al tiempo.

De la libreta

La CNDH se deshace por dentro. Hay serias diferencias entre los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores que ocupan algunas direcciones del organismo, con cuadros vigentes desde la época priista, y con los grupos de Morena que encabeza Francisco Estrada, quien asegura que hay una rebelión interna que busca confrontar a Rosario Piedra con el presidente López Obrador. Su alegato se reduce a un: están ’pendejos’.
El Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro que encabeza Blanca Estela Pablo, denuncia que la Directora del Sistema, Florencia Serranía, está incumpliendo de manera dolosa, leyes y reglamentos, así como el Código de Ética del organismo. El asesor de la Secretaria General, Julio César Quiroz, afirma que la Directora, actúa de forma autoritaria, violentando la ley y vulnerando los derechos de los trabajadores organizado en ese sindicato.