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Agosto 31, 2020 11:47 hrs.

RICARDO SANHER › AquiEdomex

Gobierno Nacional › México Ciudad de México


Otra bomba está por explotar en las manos de los encargados de dirigir los destinos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que no es otra cosa que la fusión de Diconsa y Liconsa, sucesoras de la extinta Conasupo, de tristes recuerdos por los desfalcos de Raúl, hermano incómodo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Todo por la firma de unos contratos por más de 4 mil millones de pesos con una empresa que tenía como giro el ramo de la construcción, pero sospechosamente se extendió su ámbito de participación a los rubros agrícolas y ganaderos.

El actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó como su principal promesa de campaña una implacable lucha para abatir del gobierno la corrupción que campeaba (ojo pero aún está) en los gobiernos anteriores, pero tiene en su equipo de trabajo a ’dinos’ que le hacen el trabajo sucio para que él pretenda conservar ’su plumaje’ sin mácula.

Ejemplos sobran, como es el caso de Napito, de Bartlett, de Durazo y coloca en sitios estratégicos para borrar todo rastro de corrupción a gente que puede ser desechada, como es el caso de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Irma Eréndira Sandoval, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, de la FGR, Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, todos ellos que responden al mandato del Presidente, pero no necesariamente del bien del país.

En el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), puso al frente a un viejo político priísta, Ignacio Ovalle Fernández, quien como director general se plegó a las órdenes de Raúl Salinas y junto con otros colaboradores armaron un esquema de corrupción en la compra y distribución de alimentos que tenía como destinatario al sector más pobre del país.

En este contrato se concitaron varios elementos, que por eso mismo no se entiende hayan escapado al escrutinio de las autoridades encargadas de velar por la no corrupción en este tipo de contratos, a menos que exista algo sospechoso, que por la información que va surgiendo, existe, dígame si no.

Por el lado oficial está Ignacio Ovalle y por la IP Alejandro Puente Córdoba, dueño de la empresa con giro comercial en construcción y que dos días después de la toma de posesión del tabasqueño como Presidente de México, cambió su giro comercial para hacerse de contratos que llevan implícitos varios miles de millones de pesos.

Alejandro Puente Córdoba, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, está ligado a varios actos de corrupción durante el mandato de Felipe Calderón y en esta administración se beneficia con dos contratos con duración de 5 años por un monto superior a los 4 mil millones de pesos, en la producción y distribución de leche en dos plantas que aún no se construyen. También firmó, con la misma empresa, dos contratos con Diconsa por 485 millones de pesos para la venta de fruta.

Una vez más queda de manifiesto que esta administración utiliza a operadores de otros sexenios para realizar el trabajo sucio, con la ventaja que en cualquier momento que esto explote puedan aludir que la ’mafia del poder’ aún opera en su administración y ellos carguen con la culpa y su plumaje quede intacto. ¿Y aún pretenden hacer creer a la gente que ellos son diferentes? Una de dos, o esto pasa a espaldas del Presidente, que es malo, o pasa enfrente de AMLO, que es peor. Usted díganos, señor Presidente.


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