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Mayo 01, 2020 19:20 hrs.

Gabriel Regino › AquiEdomex

Justicia Nacional › México Ciudad de México


Recién leía un tweet del cirquero presidente de El Salvador declarando que los derechos humanos son para los humanos y no para los pandilleros, pues al cometer un delito, inmediatamente los pierden. Evoqué en lo próximo, la campaña del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel quien hizo célebre la frase de que ’los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas’.

Desde los inicios de la sociedad industrial (siglo XVIII) se acuñaron en Europa ideologías tendientes a justificar el nuevo orden que privilegiaba el capital y que, a pesar de aumentar la brecha social, no se hacía responsable del crimen que provocaba, pues al contrario, responsabilizaba a los autores de los hechos por cuestiones de carácter biológico.

Esos atávicos pensamientos no han desaparecido y se han inoculado en sectores de derecha y de extrema derecha que construyen una separación entre ’buenos y malos’ que racialmente se traduce entre ’blancos y los otros’. Esto no es ninguna novedad, sino el curso que la humanidad ha seguido.

El punto del debate no debe centrarse en el castigo, como lo hicieron las filosofías del siglo XVII que favorecieron el autoritarismo, sino en entender que el fondo es la prevención del crimen, tema en que todos los gobiernos de cualquier signo han fracasado. Desviar el debate a la pena, le permite al primer responsable (Estado) evadir su responsabilidad en un tema trascendental.

Denominamos poder punitivo a la facultad de los gobiernos para crear delitos, investigarlos, procesarlos y castigarlos. Todo ello se ejecuta a través del sistema penal integrado por leyes, policías, jueces, custodios y establecimientos para ’embodegar’ personas.

Los excesos del castigo han llevado a que el Estado se enseñoree con los más vulnerables que, en el caso mexicano, son los indígenas y quienes pertenecen a las capas más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, existen docenas de casos en que, una persona por necesidad extrema, sustrae dos latas de leche en polvo de una tienda de autorservicio, para alimenar a su hijo. A pesar que la ley establece una exclusión de responsabilidad por este hecho (robo famélico) la persona es detenida y llevada a la cárcel para enfrentar un largo proceso. Ejemplo de este caso ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero así podemos encontra más en todo el país. Esto sucede igualmente en el delito de aborto. En Querétaro, una mujer fue llevada a prisión por haber tenido un aborto en el baño de una tienda comercial. Más de dos años pasó intentando demostrar que fue involuntario y, a pesar de las evidencias, fue condenada, en aras de la moral y las buenas costumbres.

Un Estado Democrático y de Derecho, está en deuda con las víctimas de un sistema socio económico asimétrico y que han sido castigadas por el autoritarismo del citado poder punitivo. A ese tipo de víctimas, está orientada la recientemente publicada Ley de Aministía, que es estrictamente un acto de justicia. No obstante lo anterior, en medio de la polarización rampante, se ha intentado confundir a la opinión pública en el sentido de afirmar que miles de personas saldrán a las calles a cometer delitos brutales, pues han sido perdonadas por el gobierno. Nada más falso. El porcentaje de personas que se podrían ver beneficiadas no superan el 5% del total de detenidos actualmente a nivel federal. Podrán beneficiarse principalmente indígenas que por su condición, no tuvieron acceso a un debido proceso; aquéllas personas que por su extrema pobreza, aceptaron sembrar un narcótico o trasladarlo (sin ser reincidentes); a quien robó un artículo de una poderosa cadena comercial, entre otros.

La Ley de Aministía no es una patente de corzo o carta de impunidad. Es una ley que intenta saldar la deuda con aquéllos que han sido doblemente criminalizados y excluidos de una sociedad contradictoria.

En México existen actualmente poco más de 202 mil personas privadas de su libertad, por estar asociadas a una investigación de un hecho delictivo, enfrentar un proceso penal o estar compurgando una sentencia condenatoria. Los Estados que tienen mayor número de población reclusa son la Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Jalisco.

En los últimos días, ha sido un clamor mundial el revisar las condiciones de las personas detenidas pues la ausencia de medidas de higiene, sobrepoblación y carencia de de infraestructura, se vuelven potenciales factores de riesgo para brotes infecciosos del coronavirus, poniendo en riesgo a aquéllas y a todos los funcionarios que laboran en las prisiones.

En varios países se ha optado por la medida de preliberación de reos, con el objetivo de reducir el hacinamiento y frenar el posible contagio de la pandemia. En el caso de nuestro país, existe una serie de normatividades que deben ser atendidas de manera puntual y de acuerdo al caso concreto e individual, lo que implica un reto mayor para las áreas involucradas.

Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que las personas mayores de 70 años de edad, los afectados por una enfermedad grave o terminal, las madres embarazadas y quienes estén otorgando lactancia, puedan enfrentar su proceso en su domicilio o en una institución de salud pública, siempre y cuando no existan elementos que permitan presumir la sustracción a la acción de la justicia o que por su conducta, constituyan un riesgo social.

A este respecto conviene recordar que conforma a las reglas del Sistema Acusatorio, poco más de 40 delitos ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, etcétera) en tanto que la figura de la Prisión Preventiva Justificada se solicita cuando a criterio del fiscal, no está garantizada la presencia del imputado durante el proceso.

Por otra parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 146 permite la preliberación de personas condenadas, siempre y cuando la pena impuesta no sea mayor a 5 años y no haya mediado violencia en el delito cometido; delitos patrimoniales sin violencia o culposos; personas adultas mayores con enfermedades crónico-degenerativas; reos colaboradores con la procuración de justicia; casos en que la parte ofendida sea la Federación o la entidad federativa, entre otros casos.

Para conocer el impacto que la aplicación de estas dos figuras puede tener en la despresurización carcelaria, es menester analizar cuáles son los delitos por los cuales se encuentran privadas de la libertad las personas reclusas. De acuerdo con el INEGI, el 80% de los delitos es de carácter patrimonial, destacando el robo de vehículo y el robo a casa habitación. Para que personas condenadas por este delito pudieran ser preliberadas, es condición que dichos ilícitos se hubiesen cometido sin violencia, pues de lo contrario, no les aplicaría dicho beneficio. Y conforme a estadísticas, la mayoría de estos hechos se cometieron con el uso de armas.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, ha convocado a los Senadores para discutir y en su caso aprobar la Ley de Amnistía y de esa manera, aportar un tercer marco normativo para la liberación de personas detenidas, pero su alcance también será muy limitado. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tomando la iniciativa a nivel nacional, ha ordenado la liberación de 78 reos, mientras se analizan otros 800 casos que podrían, alcanzar tal beneficio.

Ahora bien, existe otra área de oportunidad que puede coadyuvar a los objetivos planteados por los Gobiernos: Muchas personas se encuentran detenidas bajo la señalada figura de Prisión Preventiva Justificada, con el argumento del riesgo de fuga de la persona imputada y, son una proporción considerable. La propuesta es que se reforme el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la existencia de una emergencia sanitaria como la que ha sido declarada por el Consejo de Salubridad General, sea un supuesto para sustituir la Prisión Preventiva Justificada con el arraigo domiciliario. De esta manera, se cumplen todos los fines trazados y de ninguna manera se atenta contra la seguridad ni la continuidad de los procesos.

Tomado de C4noticiasmx

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