Morelos a merced del crimen

Morelos vive hoy uno de los peores momentos en materia de seguridad y procuración de justicia de su historia. El estado, que se caracteriza por su gente trabajadora, su hermosura natural y su maravilloso clima, ha sido castigado por los peores políticos que existen en nuestro país.

Sí, me refiero a la mediocridad con la que ha gobernado Cuauhtémoc Blanco. A 22 meses de gobierno, el exfutbolista ha colocado a Morelos como la entidad en la que los delitos de alto impacto van en aumento, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México.

Quizá por ese desempeño, en julio pasado, la encuestadora Consulta Mitofsky colocó al gobernador morelense en el nada honroso lugar número 32; es decir, como el peor mandatario que existe en nuestro país.

Según el Consejo Ciudadano, los delitos de alto impacto disminuyeron en 28 de las 32 entidades de la república, pero crecieron en tres, comparando julio de 2019 con el mismo mes de 2020: Morelos, Sonora y Coahuila. Le hablo de delitos como secuestro, extorsión y homicidio.

En Corto tiene en su poder diversas tarjetas informativas del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C5) de Morelos en las que se lee que los policías a cargo del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, en lugar de cuidar a los ciudadanos, se dedican a dañarlos.

Datos oficiales ponen al descubierto la forma de operar de un grupo llamado «Interceptor», perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Es integrado por efectivos de la CES que trabajan vestidos de civil, a bordo de camionetas particulares sin placas. Son comandados por Raúl Gómez Cruz, con clave «Piloto», de quién, por cierto, le hablé en una entrega pasada. Este personaje hace lo que quiere en la dependencia que encabeza Ortiz Guarneros.

En días recientes, mediante diversas mantas, a este comandante se le ha acusado de brindar protección al Cártel de Abel Maya y al grupo armado de «El Señorón», que reclutó a colombianos para realizar extorsiones, secuestros y homicidios en el estado. Curiosamente, los delitos que, según en el Consejo Ciudadano, van en aumento en la entidad morelense.

Según un reporte del C5, fechado el 12 de agosto de 2020, hubo una riña entre policías que se originó porque los elementos municipales se negaron a recibir a dos personas que habían «levantado» los integrantes del grupo «Interceptor». En el reporte, el comandante de Jiutepec, Nicandro Confesor Ramírez, dio a conocer que tuvo contacto con 10 personas que bajaron de una camioneta blanca y se identificaron como integrantes de dicha agrupación.

La ficha indica que estos agentes le exigieron al jefe policiaco poner a disposición del Ministerio Público a estas personas, sin especificar el delito o la falta que habían cometido. El comandante de Jiutepec explicó a los policías del almirante José Antonio Ortiz Guarneros que no estaban actuando dentro de los protocolos establecidos en la ley. Ante esta negativa, según el parte informativo, los estatales hablaron con su jefe, Raúl Gómez Cruz, quien les pidió que se fueran del lugar y dejar ahí a los supuestos detenidos.

¿Y qué cree? Así fue, y resultó que las personas detenidas no habían cometido algún crimen, sino que fueron levantadas por los policías estatales para extorsionarlos y sacarles dinero a cambio de no fabricarles un delito.

En este contexto, varios comandantes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública denunciaron que Raúl Gómez Cruz, sin tener un proyecto de reestructuración ni haberlo solicitado de forma oficial al Congreso del estado, decidió formar la Policía de Tránsito Estatal. Para ello, dijeron, comenzó a reclutar a expolicías de Veracruz -de donde son la mayoría de los mandos de la CES- para conformar esta corporación; incluso su titular es un policía veracruzano de nombre Pedro Osorio.

Les ofreció a los elementos capacitación, vehículos, motocicletas y un sueldo de ocho mil pesos mensuales para echar a andar este agrupamiento. Aunque el salario no suena atractivo, les dio carta abierta para extorsionar, ya que por ley no existe la Dirección de Tránsito Estatal y no tienen facultades para imponer infracciones.

Pedro Osorio recibió la orden de nombrar en cada municipio a un director de tránsito que le rindiera cuentas y entregara cuotas semanales; sin embargo, los excesos ocasionaron que, el fin de semana pasado, el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, pidiera al Comisionado de Seguridad Pública la remoción del director de tránsito de ese municipio por las constantes quejas de los ciudadanos y turistas que han sido extorsionados.

Así gobierna Cuauhtémoc Blanco: sin escuchar a la ciudadanía, pero con unos policías a su cargo que se dedican a dañar a la población mientras los delitos de alto impacto van en aumento y los grupos criminales se extienden por todo el estado. Póngase a trabajar gobernador, pida cuentas a sus policías y sobre todo escuche a sus gobernados que hoy se sienten olvidados.